Requerimientos a entidades de formación por parte del SEPE

Desde hace unos días, algunas entidades de formación que impartieron formación programada por las empresas durante el primer trimestre de 2017, están recibiendo un requerimiento de su dirección provincial del SEPE.

Que el SEPE lleve a cabo labores de seguimiento de las acciones formativas impartidas bajo el paraguas de la formación programada por las empresas no debería extrañarnos. Lo novedoso es la forma y el contenido del requerimiento.

Por un lado estos requerimientos se centran en las empresas que han actuado como entidad organizadora en cursos impartidos en la modalidad de teleformación. Es decir, la atención parece ser que se centra en la relación existente entre los costes imputados por organización y por impartición de las acciones formativas.

El requerimiento, que se puede consultar a poco que se busque en Google, se centra en puntos como:
  • La ratificación de haber impartido las acciones formativas organizadas por las entidades organizadoras señaladas en el documento (¿evitar cursos fantasma?).
  • La declaración responsable obligatoria en este modelo de funcionamiento (Organizadora + Impartidora).
  • Relación de alumnos que han realizado las acciones formativas.
  • Justificación de costes de recursos utilizados para la impartición (tanto de instalaciones y recursos humanos como de medios tecnológicos y materiales didácticos).
  • Facturas de la entidad impartidora a la entidad organizadora, desglosando costes de tutores, medios didácticos y tecnológicos, etc. (¿sobrecostes?).
Lo que todo el mundo se pregunta es: ¿Qué se busca con este nuevo tipo de actuación?

Evidentemente no tengo la respuesta, pero por el listado de lo que se solicita parece ser que buscan pistas que puedan evidenciar posibles sobrecostes.

Antes del cambio normativo abundaba la formación a distancia con un precio estándar, mantenido en el tiempo, sin aumentos ni bajadas (IPC, materia...). Tras el cambio normativo gran parte de esta formación se ha trasladado a plataformas virtuales. Muchas veces las características de comercialización se mantienen.

El cambio normativo ya apuntaba a la necesidad de realizar un mayor desglose de costes para evitar prácticas que no ayudaban al sistema. Este tipo de actuaciones viene a confirmarlo.

Discusión aparte es si los ofertantes tienen derecho a obtener beneficios. Como formación bonificable, no subvencionada, sigo defendiendo el libre mercado. La empresa puede contratar un curso con un precio X que incluya el beneficio comercial que considere el centro. Será la empresa quien libremente decida contratar o no esa acción formativa. El que los precios sean similares no debe extrañar, hay infinidad de casos similares en otros sectores (petroleras, eléctricas, gasísticas, telefonía...).

Diría que estas nuevas actuaciones son una "herencia recibida" de aquellos años en los que las cosas no se hacían del todo bien, lo que no justifica que las actuaciones de seguimiento y control de la Administración sobrepasen la lógica y dejen de lado aspectos como la calidad de los contenidos, la evaluación de la efectividad, etc.

Ya veremos...

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